A pocos días del inicio de clases, las universidades nacionales enfrentan una situación inédita: si el gobierno, como ya adelantó, se limita a entregar el mismo presupuesto que en 2023, será imposible que las 57 casas de estudio puedan afrontar el pago de salarios y servicios mínimos e indispensables como la luz, el agua o la limpieza.
En la cuerda floja quedan los programas especiales, los proyectos de infraestructura y el funcionamiento de los hospitales universitarios. Mantener las aulas abiertas será todo un desafío en un escenario así.
De hecho, la paralización podría dejar a unos 300.000 trabajadores docentes y no docentes en la calle y a 2.500.000 de estudiantes en un limbo, sin posibilidad de seguir cursando las carreras.
Frente a ello, las autoridades al frente de las diversas casas de estudio optan por declarar la “emergencia económica” y así visibilizan la gravedad de la situación.
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