En los últimos tiempos, ha surgido una práctica inquietante entre algunos profesionales de la salud: la cobranza en efectivo de consultas médicas, sin emisión de facturas un derecho del paciente y un deber del profesional evadiendo la fiscalización de la AFIP. El testimonio que un lector nos deja, despertó toda una incógnita en nosotros, donde realizamos una profunda investigación y fuimos testigos presenciales de lo que acontece en el entorno de la salud en General Alvear.
La realidad es contundente: médicos de diferentes especialidades están cobrando sumas que rondan los $5000 por una consulta, en una transacción que opera completamente fuera del radar oficial. La falta de emisión de facturas no solo socava la transparencia económica, sino que también priva a los pacientes de la posibilidad de ser reembolsados por obras sociales o deducir gastos médicos en sus declaraciones de impuestos.
Todos sabemos y padecemos que el 90% de los profesionales de la salud no reciben obras sociales, tampoco tarjeta de débito, ni mucho menos de crédito. Entonces un médico cuya consulta es de $5.000 que trabaja durante 6 horas promedio y dedica 20 minutos a cada paciente, al final de la jornada cuenta con $90.000 y en 20 días (a razón de 1 mes) sería casi $2 millones en cash o efectivo totalmente fuera de la ley (en lenguaje coloquial “en negro).
Este fenómeno, que algunos consideran una reacción al asfixiante marco tributario, ha generado un amplio debate sobre los valores éticos que deben regir la práctica médica. La Dra. Ana Sánchez, reconocida especialista en bioética, enfatiza que «la medicina no es solo una ciencia, sino también un servicio a la sociedad. Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad moral de cumplir con sus obligaciones fiscales y brindar a sus pacientes la documentación adecuada».
Las consecuencias de estas prácticas no se limitan al ámbito económico. La falta de facturación y la evasión de impuestos afectan directamente la calidad y disponibilidad de los servicios de salud, ya que debilitan los recursos destinados a la infraestructura sanitaria y al financiamiento de programas de salud pública. Además, la relación médico-paciente se ve amenazada cuando la opacidad financiera crea desconfianza y deja a los pacientes sin recursos legales en caso de complicaciones médicas.
Es acá donde nos preguntamos porque AFIP no actúa sobre estos profesionales y si exige rigurosamente que un comercio, kiosco, despensa, etc, tenga posnet, caja registradora, emita facturas, etc. Es fundamental que las autoridades aborden esta problemática, simplificando los procesos administrativos, promoviendo incentivos para la facturación legal y haciendo cumplir la Ley que es igual para todas las personas.
En resumen, la cuestión de los médicos que cobran en efectivo, evadiendo la AFIP y operando en la informalidad, plantea interrogantes fundamentales sobre la ética profesional, la responsabilidad fiscal y el acceso equitativo a la atención médica. Es crucial que tanto la comunidad médica como las autoridades gubernamentales aborden este desafío con seriedad, para preservar la integridad de la profesión médica y garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
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