Sin atajos al IPV:el proyecto que incomoda a la política

En Mendoza, donde el acceso a la vivienda sigue siendo una deuda estructural, un proyecto de ley amenaza con correr el velo de una práctica que muchos prefieren no nombrar. El senador provincial por el PJ Mauricio Sat impulsa una iniciativa que busca poner fin a una zona gris demasiado conocida: la adjudicación de viviendas del IPV a funcionarios, sus familiares y socios comerciales.

La propuesta es tan simple como incómoda: ningún funcionario de los tres poderes —ni del ámbito provincial ni municipal— podrá acceder a estos beneficios. Tampoco sus vínculos más cercanos. Un intento concreto de cerrar los atajos por donde, históricamente, se filtraron privilegios disfrazados de necesidad.

El alcance es amplio y no deja margen para distracciones: desde el gobernador hasta concejales, pasando por jueces, fiscales y ministros. Todos quedan alcanzados. Demasiada claridad para un sistema que, al parecer, funcionaba mejor en penumbras.

El proyecto no surge en el vacío. Llega después de que se detectaran irregularidades en adjudicaciones recientes, donde nombres vinculados al poder aparecieron en listados que, en teoría, debían reflejar urgencias sociales. Casualidades que se repiten demasiado como para seguir llamándolas así.

Pero el punto más sensible —y el que ya genera cierto nerviosismo en algunos despachos— es la obligación de publicar un registro digital, abierto y actualizado de todos los adjudicatarios. Transparencia en tiempo real. Un concepto que, para algunos funcionarios, parece más una amenaza que una política pública.

Como si fuera poco, la restricción se extiende hasta dos años después de dejar el cargo. Una cláusula que busca evitar esas “coincidencias diferidas” que tanto abundan cuando se trata de beneficios estatales.

Mientras tanto, en los pasillos del poder, el silencio no es precisamente sinónimo de calma. Porque cuando las reglas se vuelven claras, los privilegios empiezan a quedar demasiado expuestos. Y eso, claro, incomoda.