Mendoza endurece los controles y acelera desalojos en viviendas del IPV

La Legislatura de Mendoza aprobó una nueva ley que otorga mayores facultades al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para recuperar inmuebles adjudicados a beneficiarios que incumplan con las condiciones establecidas. La medida apunta a agilizar los procesos de desadjudicación y desalojo en casos de mora, abandono o uso irregular de las viviendas sociales.

La normativa modifica la Ley 4203 y habilita al IPV a iniciar juicios de desalojo una vez que la desadjudicación quede firme. Además, introduce cambios en la Ley 9001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para acelerar los trámites judiciales y asignar competencia a la Justicia de Paz Letrada.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la iniciativa busca garantizar que las viviendas financiadas con fondos públicos lleguen a familias que realmente las necesitan y evitar maniobras que desvirtúen el carácter social de estos programas.

El presidente del IPV, Gustavo Cantero, afirmó que la nueva herramienta legal permitirá actuar con mayor rapidez frente a situaciones de incumplimiento. “Las viviendas construidas con el esfuerzo de todos los mendocinos deben cumplir la función social para la que fueron creadas”, señaló.

La reforma llega en un contexto de fuerte incremento de los controles sobre los adjudicatarios. Durante 2025, el IPV inició 658 expedientes por posibles incumplimientos: el 95% por mora y el resto por ocupaciones irregulares. De esos casos, 514 fueron resueltos y se concretaron 18 desadjudicaciones.

En lo que va de 2026, el organismo ya abrió 413 nuevos expedientes, resolvió 251 situaciones y avanzó con 28 desadjudicaciones. La mayoría de los casos continúa vinculada a falta de pago y ocupaciones fuera de las condiciones establecidas.

Con esta ley, el Ejecutivo provincial busca reforzar la fiscalización del sistema habitacional y recuperar viviendas para reasignarlas a familias que permanecen en lista de espera.