BULLYING: CORNEJO VUELVE A OPTAR POR EL CASTIGO ANTES QUE LA PREVENCIÓN

El Ejecutivo provincial presentó un proyecto que propone sancionar con multas o trabajo comunitario a los padres de menores que cometan actos de bullying, priorizando la respuesta punitiva por sobre un abordaje integral del problema.

La iniciativa, firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, busca modificar el Código Contravencional para establecer sanciones a padres, tutores o responsables legales por una supuesta “omisión en el deber de vigilancia, orientación y cuidado”.

Aunque en sus fundamentos se habla de “educar” y “crear conciencia”, el texto se aleja rápidamente de ese objetivo y apunta a la sanción como solución. El proyecto surge tras un hecho reciente que generó impacto social y político. “El caso nos debe llamar a la reflexión” y “excede a la escuela”, declaró García Zalazar, acompañado por la ministra de Seguridad Mercedes Rus, durante el anuncio.

“Vamos a proponer una reforma para establecer la corresponsabilidad de la familia. No es solo responsabilidad de la escuela de 8 a 13. Hay cosas que necesitamos de la primera educadora, que es la familia”, afirmó el ministro.

Las sanciones previstas incluyen multas que van de 500 a 5.000 Unidades Fiscales (entre $210.000 y $2.100.000) y la posibilidad de imponer trabajo comunitario.

El mensaje es claro: el Estado provincial intervendrá en el ámbito familiar cuando considere que los adultos no cumplen con su rol. Sin embargo, la decisión vuelve a evidenciar una lógica de gestión que prioriza el castigo sobre la construcción de políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Especialistas advierten que el bullying requiere prevención, acompañamiento psicológico, formación docente y trabajo comunitario. En lugar de eso, el gobierno provincial elige una salida rápida y punitiva que no resuelve el problema de raíz.