Alvear en retirada: el Estado se achica y suma otro cierre

La oficina del Fondo para la Transformación y el Crecimiento en General Alvear cerrará sus puertas y profundiza una tendencia que ya golpea al departamento: primero fue el Correo Argentino de Bowen, luego la ex AFIP y ahora una nueva dependencia estatal deja de funcionar. En el horizonte, crece la incertidumbre sobre organismos clave como PAMI y ANSES. Un escenario marcado por las políticas de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei, con el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Alejandro Molero.

El avance sobre el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) forma parte de una reforma estructural impulsada por el Ejecutivo provincial, que busca modificar de raíz el funcionamiento de esta herramienta creada en 1993 con más de mil millones de dólares provenientes de regalías petroleras. Hoy, con un capital estimado en apenas 25 millones de dólares, desde Hacienda sostienen que el organismo “quedó obsoleto”, que presta a tasas negativas y que perdió peso en el financiamiento productivo.

El proyecto de ley, que será enviado a la Legislatura antes de mayo, propone abandonar el esquema de créditos directos para reconvertir el fondo en un sistema de garantías que facilite el acceso de pymes al crédito bancario. La idea oficial es que el Estado deje de otorgar préstamos y pase a respaldar operaciones en el sistema financiero, en articulación con herramientas como Cuyo Aval.

Sin embargo, la iniciativa abre interrogantes clave: qué sucederá con los créditos vigentes y los fideicomisos, cuál será el destino de los 94 trabajadores del organismo —en medio de negociaciones por retiros voluntarios, reubicaciones o despidos— y, sobre todo, qué rol asumirá el Estado en el desarrollo productivo.

El trasfondo es un contexto fiscal adverso: Mendoza perdió 27.000 millones de pesos reales en el primer bimestre de 2026 por caída de la coparticipación y la recaudación. Con menos recursos, el gobierno provincial avanza en un rediseño que, para sus críticos, implica un corrimiento del Estado y una profundización del ajuste en el territorio.