Las declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado sobre el Vertedero Controlado La Tombina no sólo son erróneas, sino que contribuyen a instalar una versión falsa sobre un servicio esencial para los sanrafaelinos. Cuando se trata de políticas ambientales y de salud pública, la responsabilidad política exige hablar con datos y no con consignas.
La Tombina no es un basural a cielo abierto. Es un vertedero controlado, diseñado bajo criterios de ingeniería ambiental, con celdas impermeabilizadas mediante geomembranas para evitar la infiltración de lixiviados y proteger las napas subterráneas. Su funcionamiento es auditado y evaluado por universidades nacionales y organismos especializados, mientras el Municipio sostiene inversiones permanentes para su mantenimiento y ampliación.
Gestionar los residuos urbanos requiere planificación, recursos y trabajo cotidiano. En San Rafael se generan unas 2.600 toneladas de residuos por mes, cuya recolección demanda recorrer más de 62.000 kilómetros mensuales, además de las tareas de barrido y limpieza que retiran más de 14.200 metros cúbicos de residuos.
Reducir esta realidad a una frase efectista puede servir para un título, pero no resuelve los desafíos ambientales. La política necesita debates serios, no desinformación. Quienes ocupan responsabilidades institucionales deberían contribuir con propuestas y verdad, en lugar de desacreditar con afirmaciones que desconocen el funcionamiento de un sistema que se sostiene con inversión, controles técnicos y el esfuerzo diario de trabajadores municipales.
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