Mientras General Alvear avanza con un aumento del 70% en tasas y servicios municipales, San Rafael tomó el camino inverso: redujo más de 100 tasas, aliviando el bolsillo de vecinos y comerciantes. La comparación no es menor: habla de prioridades, de legalidad y, sobre todo, de a quién se elige cuidar.
En Alvear, la decisión política fue cargar el ajuste sobre la comunidad. Presupuesto y Tarifaria 2026 se aprobaron en una misma sesión, una práctica cuestionada por no respetar los procedimientos que marca la ley. Con los votos asegurados, el Ejecutivo y el Concejo Deliberante avanzaron como si administraran una empresa privada, no un Estado al servicio del bien común. A esto se suma un acuerdo con la cooperativa CECSAGAL para incrementar el costo del alumbrado público, que impactará directamente en la boleta de luz. Sin Fondo Compensador —tras la aceptación del gobernador Cornejo de su eliminación a nivel nacional—, el aumento lo pagarán íntegramente los alvearenses.
San Rafael, en cambio, mostró otro método y otro sentido. Primero se aprobó la Tarifaria, luego se realizaron observaciones al Presupuesto y una semana después se sancionó el Presupuesto 2026 tal como lo indica la ley. El plan prevé $95.828 millones en recursos, con un dato clave: el 25% destinado a obras públicas, más de $21.600 millones para infraestructura y desarrollo. Menos presión tributaria y más inversión real.
La diferencia es clara: un modelo que ajusta y traslada costos, y otro que ordena, cumple la ley y protege a la gente. Gobernar no es obedecer órdenes del gobernador o del presidente y luego pedir paciencia; es tomar medidas concretas que mejoren la vida cotidiana. En tiempos difíciles, la política se define por hechos. Y los hechos muestran quién piensa en el pueblo y quién le pide que pague la cuenta.
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