Concejales del bloque Justicialista presentaron un proyecto para que el Gobierno provincial informe sobre la cantidad de residencias, las condiciones del personal y los procesos de vinculación familiar de los menores que se encuentran bajo medidas de protección.
La iniciativa fue impulsada por los ediles del PJ a través de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP), Zona Sur, brinde información detallada en un plazo de 15 días.
Entre los puntos requeridos, se encuentra la cantidad de hogares públicos, privados o mixtos que funcionan en San Rafael, su capacidad de alojamiento y el número de niños y adolescentes que residen actualmente en cada establecimiento.
También piden conocer la cantidad de operadores y profesionales asignados, cómo se cubren los distintos turnos y si las tareas de cocina, limpieza y mantenimiento cuentan con personal específico.
Otro aspecto central del proyecto es la vinculación familiar. Los concejales solicitan datos sobre la frecuencia de contacto de los menores con sus familias, cuánto tiempo transcurre desde el ingreso a una residencia hasta el primer encuentro y cuáles son los criterios que determinan esos plazos.
Además, buscan conocer si hay niños y adolescentes de otros departamentos alojados en San Rafael o si menores con centro de vida en el departamento fueron trasladados a otras localidades. En ambos casos, requieren información sobre los motivos de las derivaciones y las medidas para garantizar el contacto con sus familias.
El proyecto fundamenta el pedido en las leyes de protección integral de la infancia y en el derecho de los menores a mantener sus vínculos afectivos y su centro de vida, considerando que el alojamiento institucional debe ser una medida excepcional y transitoria.
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