El Gobierno de Mendoza puso en vigencia la Ley 9730 de Alivio Financiero para las Familias y Empresas Mendocinas, que establece incentivos fiscales para facilitar la refinanciación de deudas. La norma fue sancionada por la Legislatura el 15 de septiembre y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El régimen busca que bancos y otras entidades acreedoras puedan modificar las condiciones de créditos existentes, mediante plazos más extensos, cambios en las cuotas, tasas u otras condiciones. La Provincia no asume ni cancela las deudas: ofrece beneficios impositivos a las entidades que adhieran al esquema.
Uno de los principales beneficios es la exención del Impuesto de Sellos. Además, determinadas refinanciaciones podrán acceder a una alícuota de Ingresos Brutos del 5%, siempre que el contrato establezca una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta 40% y un plazo mínimo de 24 meses.
El régimen contempla también operaciones destinadas a cancelar deudas mantenidas con otras entidades. Pueden acceder tanto personas como empresas, incluso quienes estén al día y busquen reducir su carga financiera. Quedan excluidas las operaciones de venta, cesión, securitización o transferencia de carteras de deudores a terceros.
Según el diagnóstico que acompañó la iniciativa, Mendoza registra unos 271.000 créditos en mora sobre un universo cercano a 870.000, con saldos promedio estimados de $1,1 millones para familias y $2,8 millones para empresas.
Las entidades deberán presentar declaraciones juradas mensuales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM), que podrá controlar la información y cruzarla con datos de la Central de Deudores del Banco Central.
El régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga de hasta seis meses.
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