Con un aumento superior al 800% en el precio de las garrafas desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno nacional busca eliminar una de las últimas herramientas de intervención estatal en un servicio esencial para millones de argentinos.
El proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger propone derogar la Ley 26.020, que desde 2005 regula el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), garantiza el abastecimiento y brinda respaldo legal a la asistencia destinada a los hogares que no cuentan con gas natural.
La iniciativa elimina la posibilidad de que el Estado establezca precios de referencia, controle márgenes de rentabilidad o intervenga ante abusos en la comercialización. La apuesta oficial es que el mercado regule por sí solo un recurso indispensable para cocinar, calefaccionarse y acceder al agua caliente.
La medida impactará especialmente en los sectores más vulnerables. En el país, más de siete millones de hogares no tienen acceso a la red de gas y dependen exclusivamente de la garrafa. En los barrios populares el 86% de las familias utiliza garrafas y el 99% carece de gas domiciliario.
La retirada del Estado comenzó en 2024 con la eliminación de los precios máximos y el congelamiento de los subsidios, mientras el valor de las garrafas siguió en aumento.
De aprobarse el proyecto, millones de familias quedarán aún más expuestas a las reglas del mercado, sin herramientas de protección frente a un insumo básico cuyo consumo no puede postergarse, especialmente durante el invierno.
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