La justicia federal no cree que las coimas de la Andis sean un caso aislado, sino que exponen el «modus operandi» de una corrupción extendida en otras áreas del gobierno de Javier Milei. Esa es la sospecha que empieza a tomar cuerpo a medida que avanza la investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
El caso expuso un mecanismo de recaudación ilegal que tributaría a los Menem y Karina Milei, como jefa última, bajo la mirada displicente de Milei, que habría elegido no intervenir pase a las advertencias de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, el organismo de administrar los beneficios a los discapacitados. El propio Presidente pareció avalar esta hipótesis cuando este lunes dijo en un acto en Junin: «Están molestos porque les estamos afanando los choreos».
El juez y el fiscal se movieron con una celeridad inusual para Comodoro Py ante casos que tocan el poder. De hecho hace un año que un abogado había denunciado este esquema de coimas con la Suizo Argentina y el fiscal Carlos Rivolo la archivó sin mayores explicaciones.
Ahora, la historia es muy distinta. Casanello y Picardi avanzaron sin demoras en los allanamientos de las casas de los involucrados para hacerse de las pruebas -teléfonos celulares, computadoras-, pero con alguna astucia no avanzaron todavía con pedidos de detenciones.
En esos procedimientos, Picardi se encontró con una actitud que lo indignó especialmente: el deliberado entorpecimiento del operativo por parte de la seguridad privada de Nordelta para darle tiempo a Jonathan Kovalivker a vaciar sus cajas de seguridad y fugarse con esas y otras pruebas.
En Comodoro Py ya saben que el gobierno intentará caracterizarlos como «kukas», pero el tema no les preocupa.
Un dato que habría despertado profundo interés habría sido la revelación de «La Nación» sobre el voluminoso incremento de los contratos de la droguería Suizo Argentina durante el gobierno de Milei. Según ese artículo, pasó de 3900 millones de pesos en 2024 a 108 mil millones de pesos este año.
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