El silencio que mata: La crisis emocional en las fuerzas de seguridad ya es un problema de Estado

La crisis emocional dentro de las fuerzas de seguridad de Mendoza dejó de ser un dato suelto para convertirse en un problema de Estado. El presidente del bloque justicialista, Germán Gómez, presentó un proyecto para exigir información oficial sobre la salud mental de policías y penitenciarios, ante la falta de datos públicos y el aumento de suicidios.

“Lo que era un comentario aislado ahora es un fenómeno visible”, advirtió Gómez, quien remarcó que preocupa especialmente la cantidad de efectivos que se han quitado la vida. Hoy, la información no está disponible ni en la Policía ni en el Servicio Penitenciario, lo que obliga a reconstruir la realidad a partir de testimonios informales y notas periodísticas.

El legislador pidió conocer cuántos agentes están bajo carpetas médicas por trastornos emocionales y cómo evolucionó la situación desde 2020. La cifra más contundente es la de los seis policías que se suicidaron en el último año, un índice diez veces mayor al de la población civil.

A esto se suma un contexto económico crítico: salarios bajos, alquileres altos y jornadas extensas que obligan a los agentes a multiplicar horas o endeudarse. La falta de descanso y el escaso acompañamiento psicológico agravan el desgaste emocional.

Aunque la Ley 6.721 y los tratados internacionales obligan al Estado a garantizar la integridad psicofísica del personal, las políticas de cuidado brillan por su ausencia. “No podemos pedir que cuiden a la sociedad si no cuidamos a quienes nos cuidan”, sentenció Gómez.

Mientras tanto, miles de agentes siguen trabajando en un escenario emocionalmente insostenible, esperando respuestas que el Estado aún no ofrece.