DESFINANCIAN LOS FONDOS QUE IBAN AL RENABAP

La ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso quita el financiamiento para las obras de urbanización de barrios populares en todo el país

El texto de la ley busca borrar esos fondos de un plumazo. Como compensación –y casi como una burla– pretende fortalecer esas partidas con las multas que se cobren a las organizaciones sociales que se manifiesten o corten calles, es por eso que el Concejal Néstor Ojeda presentó un proyecto para revertir esta situación.

En el 2017 se creó el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio-Urbana (RENABAP); y en el 2019 se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuyo objetivo principal es el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el RENABAP.

El objetivo del RENABAP consiste en detectar, relevar y georreferenciar 6.467 barrios populares (villas y asentamiento), en los cuales se registraron un total de 1.237.795 familias que los habitan.

El concejal Néstor Ojeda del Bloque Justicialista de San Rafael explicó que “el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se financiaba con recursos provenientes del Impuesto PAIS. La Ley N° 27.541 que creó el Impuesto PAIS estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la ANSES y el PAMI, y el 30% restante en obras, turismo y vivienda”.

Este año el gobierno nacional redujo ese 30% al 1% lo que significa que las obras se paralizan casi en su totalidad.

La Secretaría de Integración Socio Urbana realizó con los recursos del FISU 1.276 obras de integración en 5.060 barrios populares y 117 obras de acceso al suelo para sectores populares, alcanzando un total de 338.152 familias con las obras de integración, 255.570 con obras de vivienda y 23.565 con obras de acceso al suelo; las obras de infraestructura en los barrios populares consisten en servicios de agua, electricidad, cloacas, internet, veredas, cordón cuneta, equipamiento urbano (luminarias, plazas, playones y polideportivos), puentes en arroyos, espacios verdes y construcción y mejoras en viviendas.

Fueron otorgadas 250.000 soluciones habitacionales “Mi Pieza” y creados alrededor de 24.000 nuevos lotes para solucionar el hacinamiento crítico en los barrios populares; además se desarrolló el “Certificado de Vivienda Familiar”, un instrumento jurídico para darles seguridad en la tenencia de su propiedad a las familias habitantes de los barrios populares.

Debido a la devaluación que vivimos, sumado a la inflación y la derogación de la Ley de alquileres se torna imposible para los sectores populares acceder a una vivienda digna, por lo que desde el Bloque Justicialista de Concejo Deliberante de San Rafael expresan un enérgico rechazo al decreto que provocó el desfinanciamiento del FISU y “propongo a los legisladores nacionales por la Provincia de Mendoza que realicen las acciones necesarias para reponer los recursos que corresponden al Fondo de Integración Socio Urbana, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27.541” expresó Néstor Ojeda, concejal.