El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza presentó una iniciativa que habilita a que los videos grabados por vecinos se usen para detectar infracciones viales. La ministra Mercedes Rus explicó que buscan “ordenar” lo que hoy ocurre en redes: ciudadanos filmando, denunciando y exponiendo faltas de tránsito.
Pero el corazón del proyecto abre otra discusión: el Ministerio pretende que la ciudadanía haga el trabajo que deberían garantizar la Policía y las cámaras oficiales.
La propuesta incorpora en la Ley de Tránsito un mecanismo para que cualquier persona envíe videos mediante canales oficiales. El material no será una denuncia formal, pero sí un insumo para que las autoridades elaboren informes preventivos y los deriven al Juzgado Vial cuando haya datos suficientes —patente, lugar, hora— para identificar la infracción.
Rus argumentó que muchas grabaciones muestran maniobras graves que terminan en siniestros fatales y que por eso buscan darles un encuadre legal. También señaló que, en zonas sin señal o sin controles, los aportes ciudadanos “ayudan” a compensar la falta de presencia estatal.
El proyecto aclara que los registros difundidos en redes serán considerados simples aportes, eximiendo al Estado de responsabilidad sobre su veracidad. Y aunque se los presente como colaboración, la iniciativa deja planteado un interrogante central:
¿fortalecer la prevención vial significa sumar herramientas o trasladar a los vecinos el trabajo que deberían realizar las fuerzas de seguridad y el sistema de videovigilancia del Estado?
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